El cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático se han convertido en una cuestión clave para dar respuesta a los retos a los que nos tendremos que enfrentar en los próximos años y que afectarán especialmente a nuestro país. La preocupación por cuestiones medioambientales en los últimos años se ha traducido en un incremento de iniciativas regulatorias a nivel europeo, nacional y regional, ya que las Comunidades Autónomas, en el marco de las competencias que tienen asignadas, también están desarrollando una intensa actividad regulatoria en temas relacionados con la reducción de residuos plásticos, la transición a una economía circular o el cambio climático.

Estas iniciativas regulatorias tienen un importante impacto en las empresas. Los requisitos en materia de sostenibilidad afectan a todos los sectores, y es clave para las compañías estar al día de las nuevas normativas y conocer cómo pueden repercutir en su cuenta de resultados. La colaboración público-privada ha ido adquiriendo cada vez más importancia en los últimos años, y cada vez más empresas optan por invertir en un plan de relaciones institucionales que les permita monitorizar las regulaciones que más les interesan y cooperar en la elaboración de estas, a través de la participación en procesos de consulta pública o mediante encuentros institucionales que les permitan posicionar sus argumentos.

La Unión Europea es una de las regiones del mundo más concienciada con la protección del entorno y el cuidado del medioambiente; y España, como estado miembro de la UE, tiene la obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico la normativa emanada de este órgano supranacional. Para dar cumplimiento a los compromisos medioambientales y luchar eficazmente contra la destrucción de nuestro entorno, en los últimos años, el gobierno central y las comunidades autónomas han desarrollado una intensa actividad legislativa, que coincide con la creciente preocupación de la ciudadanía en temas de sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente.

Algunas de las regulaciones recientes de mayor relevancia están siendo tramitadas. Es el caso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, iniciada por el gobierno del Partido Popular en su último mandato, que fue continuada por el gobierno socialista tras la moción de censura. Esta Ley forma parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye también el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia de Transición Justa. La Ley de Cambio Climático se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria, y la gran cantidad de enmiendas recibidas a su articulado puede dar una idea de cuán importante es para los grupos parlamentarios participar de forma activa en su redacción final, ya que será la norma clave para facilitar la progresiva adecuación de España a las exigencias de la acción climática.

Una iniciativa clave recientemente aprobada es la Estrategia de Economía Circular. El principal objetivo de esta Estrategia es lograr, en nuestro país, la transición de una economía lineal a una economía circular. Es decir, pasar de un sistema en el que se produce, se utiliza y se deshecha un producto a una economía en la que el residuo generado se puede introducir de nuevo en la cadena de valor. La Estrategia está alineada con el Paquete de Medidas y el Plan de Acción para una economía circular de la Comisión Europea. Tiene una visión a largo plazo, “España Circular 2030”, que será alcanzada a través de sucesivos planes de acción de corto plazo.

Respecto a las Comunidades Autónomas, tienen un papel clave en temas de sostenibilidad y medioambiente. Prácticamente todas las CC. AA se encuentran en un momento muy prolífico en cuanto a desarrollo de regulación en esta materia, siendo algunas de las iniciativas aprobadas a destacar:

1. Castilla la Mancha – Ley de Economía Circular: Castilla la Mancha ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar una Ley de Economía Circular. La ley pretende ser un impulso a la transición hacia una economía hipocarbónica vinculada con el desarrollo sostenible, así como lograr la reducción de la generación de residuos, aumentar la durabilidad de los productos y fomentar la valorización de los residuos mediante el reciclaje.
2. Navarra – Ley Foral 14/2018 de Residuos y su Fiscalidad: El objetivo de esta ley es la prevención de la generación de residuos y la mejora en su gestión con el fin de cumplir con la jerarquía de residuos y alcanzar los objetivos de la economía circular y cambio climático. Esta norma recoge la creación de la Oficina de Prevención de Residuos e Impulso a la Economía Circular, y establece restricciones a la entrega de bolsas de plástico y la venta de vajilla de un solo uso y de productos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso.
3. Islas Baleares – Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados: El Gobierno Balear aprobó a finales de 2019 un texto normativo muy ambicioso en materia de residuos. A través de esta norma se pretende alcanzar una mayor calidad del medio ambiente y una mayor protección de la salud humana, garantizar un uso prudente y racional de los recursos naturales y promover una economía más circular.
4. Cataluña – Ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático: Establece una serie de medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Uno de sus objetivos es favorecer la transición hacia una sociedad en la que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, con un sistema energético descentralizado y con energías cien por cien renovables, fundamentalmente de proximidad, con el objetivo de conseguir un modelo económico y energético no dependiente de los combustibles fósiles ni nucleares en 2050.

En las próximas décadas nos enfrentaremos a gravísimos problemas como descensos en las precipitaciones, aumentos de temperatura, escasez de ciertos alimentos o desaparición de especies animales. Teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático son cada vez más perceptibles, y que las previsiones para las próximas décadas no son halagüeñas, cabe esperar que este tipo de iniciativas sean cada vez más numerosas y recojan objetivos más ambiciosos. Para ello, es clave que exista una cooperación entre los reguladores y las empresas para coordinar esfuerzos y avanzar en la misma dirección.