Los lobbies o grupos de interés desempeñan una función importante en el diálogo e intermediación entre los diferentes actores de la sociedad y los decisores políticos. Su actividad es imprescindible para el sistema democrático ya que son una fuente de información relevante y directa para los reguladores en el ejercicio de sus funciones.

En España, en los últimos años, se ha puesto sobre la mesa el debate sobre el alcance de una legislación que regule los grupos de interés y adecue su funcionamiento y ejercicio a un contexto donde el sector está en pleno crecimiento.

Precisamente, la labor del lobby implica una participación legítima de las organizaciones, asociaciones y empresas a través de la transmisión de información veraz sobre la realidad de la sociedad y del mercado, y los efectos que una determinada regulación puede tener en el desarrollo de su actividad.

El lobby es una herramienta esencial para que los políticos puedan ejercer sus funciones con eficacia en un mundo con información cada vez más volátil. El lobista es un agente básico para mejorar la calidad de la regulación, John F. Kennedy así lo creía cuando dijo que “los lobistas me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días”.

Por ello, es importante que el sector y su actividad cuenten con una regulación a nivel nacional, cuestión en la que España está rezagada con respecto a otros países de su entorno. Cualquier iniciativa o avance normativo que pueda impulsarse en este sentido siempre será positivo, considerando que el desarrollo del sector depende de la transparencia, la implicación de las instituciones y de una regulación que permita ejercer la profesión y fortalecerla.

El grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición de reforma de su Reglamento para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés.

Esta iniciativa tiene en cuenta aspectos necesarios como la creación de un Registro de Transparencia a nivel nacional, similar al que impulsaron la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña; un Código de Conducta y un nuevo concepto de ‘Huella legislativa’ que consiste en un informe donde quedarán reflejadas las propuestas que los grupos parlamentarios hayan recibido de los grupos de interés en la tramitación de una iniciativa legislativa.

Algunas Comunidades Autónomas ya han transitado ese camino al incorporar en su regulación un Registro de Transparencia para los grupos de interés que mantengan reuniones con altos cargos ejecutivos de estos gobiernos autonómicos. Tal es el caso de Generalitat de Cataluña que, mediante la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el Decreto ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de grupos de interés de Cataluña, que incorpora la figura de ‘grupo de interés’ en la legislación catalana y se crea el Portal de Transparencia que incluye el registro de estos grupos, sus canales de participación y los procedimientos participativos en trámite de forma obligatoria.

A su vez, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid a través de la cual se crea el Registro de Transparencia regional, donde pueden inscribirse las entidades ciudadanas o quienes a título personal estén interesados en participar y colaborar en los asuntos públicos y en recibir información sobre materias específicas.

La propuesta legislativa a nivel estatal y las regulaciones de las comunidades autónomas de Cataluña y la Comunidad de Madrid son claros ejemplos de lo relevante que resulta una regulación específica de la actividad lobista en España que cumpla con el principio de transparencia.

De llegarse a concretar la propuesta en el Congreso de los Diputados, será un paso importante en la necesidad de crear altos niveles de transparencia y confianza en un sector que ejerce de intermediario entre dos ámbitos en constante interrelación: el público y el privado. La regulación coadyuvará al crecimiento del sector y ayudará al conocimiento de una actividad indispensable para el fortalecimiento de las relaciones públicas y a la comprensión de la actividad institucional.